El arco opositor al gobierno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la iniciativa, que ya fue girada al Senado para su tratamiento.

La oposición de la Cámara de Diputados consiguió darle una sacudida política al oficialismo, al obtener, esta madrugada, la media sanción de un proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y que fue girado al Senado para tratamiento.

La iniciativa, que demandó ocho horas de debate, se aprobó en general por 134 afirmativos contra 86 negativos. Para conseguirlo, el núcleo duro anti-K tuvo que acceder a una serie de demandas del espacio de centroizquierda que lidera Fernando "Pino" Solanas, que le permitió avanzar con la eliminación de lo que llaman "el poder de veto" del oficialismo en el seno del organismo tanto para impedir la sanción o la remoción de jueces.

El proyecto implica un cambio en la composición de los integrantes del Consejo de la Magistratura que pasará de 13 a 18 consejeros: 3 senadores, 3 diputados (uno por cada una de las tres primeras minorías de cada cuerpo), el presidente de la Corte Suprema (que retorna al organismo), 3 jueces, 4 abogados, un representante por el Poder Ejecutivo y 3 académicos (uno por el mundo de las ciencias sociales).

Además, la iniciativa contempla a instancias de la centroizquierda la creación de un Comité Consultivo (integrado por ONGs), que apunta a incorporar un sistema de control popular sobre el accionar del Consejo, y también la realización de auditorias periódicas de los magistrados.

El kirchnerismo le imputó a la oposición la intención de tener, con esta ley, "un título en los diarios de que la oposición le ganó al oficialismo", a la vez que la acusó de permitir "la consolidación del poder de la corporación judicial".

El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, al cierre del debate admitió el cimbronazo, al sostener que con este proyecto se le entrega de nuevo "el poder a la corporación", y le enrostró a la oposición que, con ello, al kirchnerismo "nos hicieron pagar un costo ustedes porque instalaron la idea de que íbamos por la justicia, cuando en realidad lo que hicimos (con la reforma del 2006) es darle el poder a la política".

El presidente de la comisión de Justicia, el radical Ricardo Gil Lavedra, fue el encargado de defender la reforma impulsada por los bloques anti-K que, con las concesiones a la centroizquierda, se garantizó los 129 votos necesarios para aprobar la modificación.

En ese sentido, reconoció que la propuesta "no será la reforma ideal", pero aclaró que es "la reforma posible", así implicará un futuro Consejo de la Magistratura "superior al actual" y destacó que el proyecto se consiguió "a través del acuerdo de la mayoría de los bloques parlamentarios".

Destacó también que "el Consejo de la Magistratura en sus distintas administraciones nunca hizo nada para que sea un cuerpo accesible a todos". A su turno, el kirchnerista Alejandro Rossi fue en contra de la reforma propuesta al sostener que es "uno de los peores retrocesos que se ha visto" porque -según opinó- favorece a la corporación judicial y "va en contra de los compromisos que la justicia debe tener con la ciudadanía".

Entre los puntos que criticó, se encuentra que en los hechos deja en manos de la Corte Suprema de Justicia, instancia que hasta ahora está afuera del referido consejo, el manejo o al menos la última palabra en el manejo administrativo y presupuestario del organismo encargado de la designación y de sanción de los jueces.

Su compañero de bancada Gerónimo Vargas Aignasse fue en la misma línea y, entre aspectos, le apuntó al sector judicial al sostener que "las corporaciones tienen voracidad de poder, quieren más espacio, quieren más poder de decisión" y consideró, entre otros puntos, que es "antiético que los abogados que viven de los honorarios que fijan los jueces participen de las selecciones de esos jueces".

Vilma Ibarra, del espacio filo-K Nuevo Encuentro, defendió su dictamen de minoría en la materia, y alertó que hay "otros temas de la administración de justicia" que todavía no fueron abordados, y dijo que la propuesta mayoritaria está "cruzada por la tensión de la política por la representación popular y de la política que cruza los tribunales".

Cuestionó, además, la "integración de la Corte Suprema al Consejo", y consideró que "es una mala decisión" porque aleja al organismo de la independencia que debería tener y dijo que en realidad en forma indirecta le deja al representante del Máximo Tribunal, por medio del voto de desempate, con "un peso enorme a todo lo importante" como en el plano de la "administración del Consejo, selección y remoción de los jueces". (Fuente: DyN – El Litoral)